Reflexionando sobre diversos aspectos y las pasadas elecciones generales

Mucho se habla estos meses de la crisis financiera, de la deuda soberana de los países, del déficit, de los recortes en los gastos sociales, en los salarios, de la pérdida  “necesaria” de derechos laborales, sanitarios, etc.; de minimizar las inversiones porque suponen más gastos, de los despilfarros cometidos por los gobiernos de las diferentes administraciones; pero, sin embargo, menos, apenas nada, de los gérmenes causantes de esta situación de crisis económica extremadamente complicada, en la que ya muchos expertos dudan de que exista algún camino por el que se pueda salir. Algunos economistas de las tertulias de radio y televisión, quizá para convencer y animar al votante de la necesidad de enormes sacrificios que impone el concepto  neoliberal hacia las clases medias y bajas, incluso califican esta situación de empobrecimiento colectivo como irreversible.

Es indignante la escasez de crítica verdadera que ha existido por parte de la mayoría de formaciones políticas, sobre todo las que conforman los partidos mayoritarios de España, respecto de las verdaderas causas que nos han conducido al problema, lo mismo que es a todas luces poco racional la política monetaria que se ha seguido, desde la instauración del euro, por parte de los estados miembros de la Unión Europea que adoptaron la nueva moneda y del Banco Central Europeo.  Se ha ido a contracorriente, según mi criterio, pues el dinero, que debería estar más caro en los tiempos de gran actividad y bonanza económica,  lo situaron casi a precio de saldo, una de las causas bajo mi humilde opinión de la descapitalización de los estados. Como si el dinero se tuviera que mover muy deprisa hacia determinados mercados, los más volátiles, favoreciendo que se sobredimensionaran enormemente los mismos, triplicando su  valor real y a su vez disparando la especulación hasta límites que nos situaron en una realidad ilusoria de potencialidad. Hasta que se pinchó la previsible burbuja inmobiliaria, el mercado de la construcción y la vivienda suponían casi la cuarta parte del producto interior bruto de España. Es decir, nuestro país sustentaba su economía, en gran parte, cimentada en una industria enormemente especuladora, que acaparaba gran parte del dinero manejado, pero con los pilares de barro. Además,  muy al contrario, no solamente no fueron previsores ni los gobernantes del gobierno saliente, ni los del gobierno anterior para evitar gran parte de los problemas que se podían avecinar, sino que además aprobaron leyes que ayudaban a inflar aún más la burbuja, favorecedoras en gran medida de la impunidad para buscar el dinero rápido que recaudaban las administraciones  del mercado de la construcción de viviendas.

Y, sorprendentemente, es ahora, en plena crisis, cuando el dinero lo sitúan a mayor interés, cuando se aplican los recortes, cuando se bajan los sueldos, cuando se deja de invertir, cuando, en definitiva, se fomenta una forma de actuar por parte de los mandatarios, que enfría más la economía y por tanto dificulta aún más el crecimiento de los mercados, lo que no solamente frena aún más la posibilidad de crecer y de empezar a salir de la crisis, sino que este nuevo enfriamiento, esta falta de liquidez debida también a una austeridad que podría ser excesiva, tanto como lo fue el despilfarro anterior, puede ocasionar de nuevo otra recesión.

Pero esto no se ha discutido, paradójicamente, en las pasadas elecciones del 22 de octubre, el debate ha girado principalmente, si bien con diferentes enfoques, hacia los excesos en los gastos de las arcas del Estado por parte del Gobierno saliente, lo que al Partido Popular, como la mayoría de partidos y analistas, ha calificado de derroche y despilfarro  de las arcas públicas. Da la sensación de que somos los ciudadanos de a pié, los trabajadores, jubilados y estudiantes, los gérmenes del problema para todos aquellos que no ven más salida que la aplicación de la que podríamos llamar como política neoliberal que poco a poco se ha ido imponiendo, y que ahora parece la única posible, ya que lo que se plantea como la única solución para atajar el problema, es frenar el déficit a costa de lo que sea, y por tanto disminuir en la mayor medida de lo posible la deuda para poder afrontar los pagos que genera. Nadie habla de que debemos producir más, de reconvertir las industrias y los mercados deficitarios, del reparto justo y necesario de los recursos, como el agua; ni de lo que sería la auténtica medida de ahorro para España, que no es otra más que generar mucha más energia propia y una buena planificación para disminuír lo máximo posible el consumo de las fuentes más dependientes.

Sin una austeridad extrema, sin recortes en todos los sectores, sin grandes sacrificios no hay solución y España está abocada a aumentar aún más el ya elevadísimo número de personas sin empleo, y por tanto la solución pasa necesariamente por llevar a cabo esa política de aminorar todo lo posible los gastos del Estado y del resto de las Administraciones, para generar confianza en los inversores y que nuestro país pueda cumplir sus compromisos, lo que a su vez da seguridad y a través de la inversión se genera empleo. Éste ha sido el eje principal del programa del Partido Popular.

Por el contrario, el Psoe, alejándose de la forma de actuar del propio Gobierno Socialista, que desde mayo del año pasado impuso grandes recortes en los salarios de los funcionarios, al igual que en las pensiones, con la congelación de las mismas, recortes en las dotaciones presupuestarias de todos los ministerios, así como el abandono de las inversiones en diferentes campos, como la investigación, las infraestructuras, etc, cambiando el rumbo en los discursos y programa electoral, basaba el fracaso de la incapacidad para la salida de la crisis, en esas políticas de austeridad excesiva. Prometiendo de nuevo subvenciones al empleo y presentándose como el aval para preservar los servicios públicos tal y como los conocemos en la actualidad.

Parece claro, con los resultados electorales en la mano, que se ha producido, más que un apoyo en masa al Partido ganador, el PP, la pérdida en muy grandes proporciones de la confianza que tenían en los socialistas muchos votantes de anteriores comicios, a los que claramente han culpado en gran parte de la crisis en España, de la descapitalización

Tampoco se ha hablado en las elecciones pasadas, o muy poco, de  La crisis energética, con la subida de los precios del petróleo, está poniendo a nuestro país en una situación mucho más delicada que la que padecen la mayoría de países de la Unión Europea.

Estaba claro que la falta de previsión del Gobierno socialista, como en gran parte del anterior popular, con una política en exceso despreocupada por la mayor dependencia de España con respecto al petróleo que muchas de las naciones europeas, tarde o temprano tenía que traernos malas consecuencias.

España es uno de los países donde existe menor producción de energía eléctrica a través de centrales nucleares; es conveniente, evidentemente, que se desarrolle un programa de energías alternativas, como la eólica o la solar, pero está claro que tanto en cuanto éstas se encuentran aún en un estado insuficiente de desarrollo, tanto a nivel tecnológico, como cuantitativo con respecto de todos los elementos necesarios, la política de desmantelamiento de centrales nucleares que han practicado los gobiernos ante la presión de los movimientos ecologistas, ahora se demuestra precipitada.

Por otra parte, el abandono del Ferrocarril, y la falta de inversiones para adecuar la red existente y crear nuevas vías acordes a las nuevas demandas, ha hecho que todos los sectores se vean necesariamente vinculados en exceso al transporte por carretera. Está claro que los primeros gastos necesarios para la creación de un sistema de ferrocarriles adecuado, así como la modernización y el mantenimiento del ya existente, es elevado; pero sin embargo, es uno de los más rentables a medio y largo plazo de cuantos se hacen en infraestructuras.

No se puede culpar exclusivamente de la subida de los precios al elevado coste del petróleo, para explicar la mayor crisis que está atravesando España, pues mientras aquí el índice de Precios al Consumo supera el 3%, la media de la Unión Europea está aproximadamente a la mitad, y una de las repercusiones más directas de esta carestía incontrolada es, sin ninguna duda, el desempleo, y de ahí los riesgos sobre el sistema que garantiza las prestaciones sociales. Se desequilibra la balanza de los ingresos respecto a los gastos, y aparece el déficit, con lo que el Estado deja de crecer y recurre de nuevo a los créditos que nos llevan al aumento de la carga impositiva y a la temida deuda. Debemos recordar que en los años 80 la deuda llegó a superar el 22% del PIB, lo que motivó el recorte de algunas de las prestaciones -subsidio por desempleo, algunos medicamentos, entre otras- que llegaron incluso a hacer temer a medio plazo por las pensiones.

España ha pasado en tan solo dos años de ser el mayor generador de empleo, a creador de paro hasta niveles insoportables, más de 5 millones. La economía española, que hace poco parecía boyante, se basaba en gran medida en un sector que realmente no es productivo, en concreto en torno al 24% del Producto Interior Bruto, del que la mayor parte ha estado acaparado por la construcción de viviendas que, en estos últimos años, se vio impulsado de una forma desmedida por la bajada del precio del dinero, sin que ninguno de los gobiernos establecieran ninguna solución para frenar los excesos inflacionistas de un sector que no se resigna a practicar las leyes del mercado, interviniendo permanentemente sobre las mismas mediante la especulación sobre el suelo, y especulando una vez más sobre la oferta y la demanda. 

Ahora, la subida del euribor, y por tanto la enorme carga de las hipotecas, demuestra no solamente la vulnerabilidad del mercado de la vivienda, sino también ha puesto al descubierto la gran burbuja económica que se fue originando fruto de la enorme estafa inmobiliaria. 

Estos días los españoles estamos sufriendo con alarma las consecuencias de una política de bajas miras, en la que los sucesivos gobiernos, y sobre todo el actual, se habían acomodado a una situación de pujanza, sin prever ninguna adversidad, por otra parte lógica, ni a medio ni a largo plazo. 

Un Gobierno tiene que ver que las mejores medidas para frenar las crisis son sin duda las que se adoptan antes de padecerlas, pues la intervención directa, una vez que aparece, además de ser difícil de aplicar, porque conlleva elementos de impopularidad, suele ser poco efectiva y, se debe entender que estas medidas pasan a la fuerza por invertir en infraestructuras para la obtención de energía menos dependiente del petróleo, y por supuesto en vías de comunicación como el Ferrocarril. El gobierno tiene que utilizar los recursos del Estado para frenar la inflación, y éstos no siempre son económicos. Por ejemplo, la agilización de la Justicia y la aplicación estricta de las leyes para impedir las ilegalidades que se producen en los precios, donde la competencia ilegítima es uno de los mayores motores para el alza.

El Gobierno, pienso, que lo que debe hacer es garantizar que funcionan las herramientas del Estado e impedir cualquier clase de especulación, pero eso nos lleva necesariamente a intervenir en un sistema judicial caduco y, por tanto, poco operativo para prevenir la ilegalidad, y a legislar mejor sobre el funcionamiento del mercado.

Tampoco se puede entender que el reajuste que supuso la entrada de España en el Mercado Común Europeo, se derivara casi exclusivamente hacia la política de subvenciones, y no fundamentalmente a inversiones para la transformación de las industrias de los diferentes sectores, sobre todo del primario, que apenas se han reciclado, para que las actividades sean realmente competitivas. Ningún gobierno ha sido capaz, por ejemplo, de sacar adelante un plan hidrológico que solucione definitivamente las necesidades y descompensaciones que existen con el reparto del agua.

En la segunda mitad de la década de los 80, y parte de los 90, el Gobierno de Felipe González intentaba solapar la crisis, y la elevada tasa de desempleo, mediante los diferentes planes de infraestructuras, que afectaron a la modernización de la red de carreteras del Estado, construyéndose las autovías de 1ª generación, y la primera línea de Alta Velocidad.

Otro de los aspectos que se debe criticar, y que debería estar ya resuelto, pues produce una situación de injusticia, de desigualdad en la representación de los españoles en las Cortes, así como  la potenciación del nacionalismo, es sin duda la Ley Electoral que rige, que se basa en el sistema de repartos que establece la Ley D´Hondt y fijar como circunscripción cada una de las provincias. De un lado, el método que fijó D´Hondt para repartir los escaños, favorece a los partidos mayoritarios, de otro, que las circunscripciones sean de ámbito provincial, favorece a los partidos más localistas, que abaratan así mucho sus escaños.

Así, en las pasadas elecciones generales, los resultados fueron los siguientes:

PNV	323.517	5	6
ERC	256.393	3	3
BNG	183.279	2	2
CC-NC-PNC	143.550	2	2
COMPROMÍS-Q	125.150	1
FAC	99.173	1
GBAI	42.411	1
EQUO	215.776	0
PACMA	101.557	0	0
Eb	97.706	0
PA	76.852	0
PxC	59.781	0
P.R.C.	43.903

El injusto reparto de escaños regido por la Constitución Española y la Ley Electoral (LOREG), permite que partidos con más votos tengan menos representantes en el Congreso de los Diputados que otros partidos con menos votos:

• UPyD, obteniendo 834.000 votos más que en las pasadas elecciones, ha ganado 4 diputados respecto a 2008. El PP, con 552.000 votos más que en las pasadas elecciones obtendrá 32 diputados más.
• A algunos partidos les saldrá el escaño muy económico: A GBai le saldrá el diputado a 42.412 votos, a AMAIUR a 47.661 votos, al PP a 58.229 votos, al PSOE a 63.399 votos y a CIU a 63.391.
• A otros les saldrá el escaño muy caro: A Compromís le saldrá el diputado a 125.150, a IU a 152.800 votos, a UPyD a 228.048 votos. EQUO, habiendo obtenido 215.776 votos, no tendrá representación.

Con estos datos, podemos ver que algo falla. Muchos echan erróneamente la culpa al reparto mediante la Ley D’Hondt, pero en realidad el principal problema está en las circunscripciones. La circunscripción electoral en las elecciones españolas es la provincia, tal y como está descrito en el artículo 68 de la Constitución e incorporado a la Ley Electoral (LOREG).

A causa de ser unas circunscripciones pequeñas, multitud de votos se pierden debido a que muchos partidos minoritarios no llegan al mínimo para conseguir representación en determinadas provincias. Cambiar esto de forma radical a una circunscripción única sería un gran problema, ya que se perdería el peso territorial que siempre ha estado presente en las elecciones españolas.

Pero si símplemente aumentásemos las circunscripciones al tamaño de autonomías, el cambio en el reparto de escaños con los mismos resultados sería asombroso. Tanto, que el PP no habría obtenido la mayoría absoluta, perdiendo 12 escaños:

• Partido Político: Antes –> Después
• PP: 186 –> 174
• PSOE: 110 –> 108
• IU: 11 –> 19
• CIU: 16 –> 15
• UPyD: 5 –> 12
• PNV: 5 –> 6
• AMAIUR: 7 –> 6
• ERC: 3 –> 3
• CC: 2 –> 2
• BNG: 2 –> 2
• GBAI: 1 –> 1
• FAC: 1 –> 1
• Compromis: 1 –> 1

Este cambio mantendría las influencias regionales, pero además haría el reparto global de escaños fuera algo más justo, asemejándose más el precio que le cuesta a cada partido un diputado.

Por supuesto, esto no sería nada más que una propuesta inicial para empezar a cambiar las cosas. He elegido como circunscripciones las autonomías porque ya son divisiones establecidas desde hace varias décadas y han funcionado bien en muchos aspectos. Pero se podría negociar la creación de otras circunscripciones nuevas, o incluso unir algunas autonomías más pequeñas a otras más grandes para crear la circunscripción (pensando sobretodo en Navarra, Ceuta, Melilla, Cantabria o La Rioja).

También se podría añadir un cambio en la asignación de escaños por Comunidad Autónoma, ya que haciéndolo de forma directa posiblemente quedasen los niveles de población y escaños algo descompensados. E incluso se podría incluir una circunscripción extra global en la que asignar escaños con los restos obtenidos en los repartos en las distintas circunscripciones, para solventar así el caso de partidos como EQUO, con mcuhos votantes, pero muy repartidos por todo el territorio nacional.

Los cambios habría que meditarlos profundamente, pero está claro que algo necesita cambiar.