El Tribunal de Cuentas revela que la Fiscalía investiga irregularidades en el Ayuntamiento de Cuenca en 2004 y 2005La Fiscalía investiga al Ayuntamiento de Cuenca, por corrupción en la época que gobernaba el PSOE
LA NOTICIA.- LA RAZÓN.es
25 Febrero 09 El presidente del Tribunal de Cuentas, Manuel Núñez Pérez, reveló hoy que tanto el servicio jurídico del Estado como la Fiscalía de la institución "tienen conocimiento" de irregularidades en el Ayuntamiento de Cuenca entre los años 2004 y 2005, donde se había detectado falta de control urbanístico e insolvencia de las cuentas públicas. El caso se encuentra ya en la "sección de enjuiciamiento" del Tribunal a la espera de que puedan atribuirse responsabilidades penales y contables.
De esta forma se pronunció Núñez en el Congreso con relación al informe fiscalizador del Ayuntamiento de Cuenca relativo al 2004 y 2005, aprobado en octubre del año pasado, que motivó que el PP pidiera la dimisión del que fuera alcalde del municipio durante esos años, José Manuel Martínez Cenzano, y ahora Defensor del Pueblo en Castilla-La Mancha.
"Las posibles responsabilidades las ha detectado tanto el servicio jurídico del Estado como la Fiscalía", apuntó Núñez, quien apuntó que tanto uno como otro "han pedido que se envíe todo el informe a la sección de enjuiciamiento".
Informó de que el Ministerio Fiscal "distingue entre supuestos de alcance, responsabilidades distintas de alcance y posibles responsabilidades penales de cuyos hechos se ha pedido testimonio para trasladarlo a la instancia correspondiente". Y añadió: "Consta, por la información recibida de la sesión de enjuiciamiento, que se ha abierto el correspondiente procedimiento de responsabilidad contable".
E indicó que el servicio jurídico del Estado ha solicitado el envío del caso a la sesión de enjuiciamiento "a fin de depurar la responsabilidad contable que pudiera derivarse de los hechos descritos en el informe", esto es, deficiencias en la gestión recaudatoria, irregularidades en la contratación por Empuser, fiscalización a conformidad por parte de la Intervención Municipal y la incorrecta liquidación del Impuesto de Construcciones y Obras, entre otros.
IRREGULARIDADES DE CONTRATACION
En su intervención, señaló que la gestión municipal "se caracterizó por la falta de planificación de los gastos que hubieran requerido la celebración de contrato y por deficiencias en su control". Así, indicó que en esos años se realizaron gastos por 3 millones de euros "sin haberse tramitado el correspondiente expediente de contratación", como fue en el caso de los servicios de limpieza de las instalaciones municipales, sin contrato desde 1999, y que costaron a la hacienda local 1,3 millones de euros.
Además, cuestionó la creación de la empresa municipal Empuser en 2005, que a su entender "no estuvo motivada". Es más, a su juicio, esta sociedad "supuso, de hecho, la externalización de parte de la contratación administrativa del Ayuntamientos, sobre todo en materias atribuidas al Servicio Municipal de obras". Indicó que el coste para el Ayuntamiento de las prestaciones realizadas por esta empresa "incrementaron en un 20 por ciento el coste directo de los contratos".
De este modo, en relación con la ejecución del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio, aprobado en agosto de 1996, destacó el "grado de modificación del planeamiento", que supuso un incremento de un 24 por ciento de la superficie de actuación respecto a la prevista. Señaló también que el órgano fiscalizador ha detectado además "un exceso de edificabilidad del 2 por ciento sobre la prevista en el proyecto de reparcelación".
CONTROL URBANISTICO NULO
Y prosiguió: "El control y la actividad inspectora y disciplinaria en materia de urbanismo fueron prácticamente nulos durante los ejercicios 2004 y 2005, no habiéndose impuesto sanción alguna por comisión de infracciones urbanísticas durante dicho periodo". Indicó además que los ingresos procedentes de forma directa del urbanismo ascendieron en esos años a "12,6 millones de euros", de los que 5 millones se encontraban pendientes de contabilización y de cobro, a 31 de diciembre de 2005".
A este respecto, el presidente del órgano fiscalizador informó de que el Ayuntamiento de Cuenca "no tenía constituido el Patrimonio Municipal del Suelo", de modo que "no se dispuso de un instrumento adecuado de seguimiento y control de los ingresos obtenidos como consecuencia de la enajenación de terrenos y de la sustitución por su equivalente en metálico de la cesión relativa al 10 por ciento del aprovechamiento tipo".
Núñez apuntó además que la fiscalización de la gestión urbanística del Ayuntamiento de Cuenca, se han visto condicionados por la falta de "documentación justificativa", señalando que, por ejemplo, "no se dispuso de una copia del Convenio Urbanístico o de estudios que permitieran verificar si el cálculo de los aprovechamientos tipo se ajustaba a los precios del mercado".
SIN PRESUPUESTO, UN FOCO DE IRREGULARIDADES
El presidente del Tribunal de Cuentas puso de manifiesto también la "falta de definición y competencias asignadas a cada puesto de trabajo" de los existentes en el Ayuntamiento. En relación con las condiciones laborales del personal, destacó que las retribuciones a los funcionarios "inflingen la normativa aplicable y dieron lugar a pagos indebidos por importe de 1,2 millones de euros en el periodo fiscalizado".
Aunque, para Núñez, lo "espectacular" es que el Consistorio funcionara con el Presupuesto prorrogado de 1998 desde el año siguiente hasta 2006, lo que a su juicio constituye "un foco de irregularidades" al generarse créditos por valor de 23,9 millones de euros en 2004 y 28,6 millones en 2005 "sin respaldo legal". Recordando además que durante esos años "el pleno no pudo participar en su función de aprobar los presupuestos".
Afirmó así que las deficiencias en la gestión de ingresos tributarios llevo a la acumulación de derechos de cobro a 31 de diciembre de 2005 por valor de 4 millones de euros, "que por su antigüedad podrían encontrarse prescritos". "Así, en el ejercicio 2004 solamente se pasaron a recaudación ejecutiva el 5 por ciento de los valores que deberían haberse apremiado y en el ejercicio 2005, el
3 por ciento", apuntó el presidente del órgano fiscalizador.
Advirtió que la Intervención municipal "no ejerció las funciones que la normativa le atribuía". "Los principios presupuestarios y contables aplicables, cuyo incumplimiento fue generalizado, originó que la contabilidad no fuera un instrumento válido y eficaz para la toma de decisiones por los responsables municipales", apuntó Núñez.
De esta forma, el Tribunal de Cuentas señala que el ayuntamiento presentaba una situación de "insolvencia financiera a corto plazo", estableciéndose durante el periodo fiscalizado "únicamente medidas puntuales que no respondieron a un plan de saneamiento".
ESCANDALOSO
El diputado del PP Agustín Conde manifestó su total "antipatía" hacia quienes hacen de la gestión municipal un "pozo de corrupción" y pidió que los autores de dichas "irregularidades severas" en el Ayuntamiento de Cuenca "asuman su responsabilidad". "Es escandaloso crear empresas públicas para eludir la normativa de contratación", apuntó Conde, para quien no hay duda de que "más de uno se ha enriquecido" de forma irregular.
Por su parte, el diputado del PSOE Luis Carlos Sahuquillo criticó las "opiniones" que a su entender ha vertido el órgano fiscalizador en el informe del Ayuntamiento de Cuenca, que a su juicio "no presenta el rigor técnico de otras ocasiones". Para Sahuquillo, "con carácter general se han hecho las cosas bien" y pidió al Tribunal que recabe información antes de dar este tipo de conclusiones porque el entonces alcalde "huyó del trato a favor y la arbitrariedad en materia de urbanismo".
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25 Febrero 09 El presidente del Tribunal de Cuentas, Manuel Núñez Pérez, reveló hoy que tanto el servicio jurídico del Estado como la Fiscalía de la institución "tienen conocimiento" de irregularidades en el Ayuntamiento de Cuenca entre los años 2004 y 2005, donde se había detectado falta de control urbanístico e insolvencia de las cuentas públicas. El caso se encuentra ya en la "sección de enjuiciamiento" del Tribunal a la espera de que puedan atribuirse responsabilidades penales y contables.
De esta forma se pronunció Núñez en el Congreso con relación al informe fiscalizador del Ayuntamiento de Cuenca relativo al 2004 y 2005, aprobado en octubre del año pasado, que motivó que el PP pidiera la dimisión del que fuera alcalde del municipio durante esos años, José Manuel Martínez Cenzano, y ahora Defensor del Pueblo en Castilla-La Mancha.
"Las posibles responsabilidades las ha detectado tanto el servicio jurídico del Estado como la Fiscalía", apuntó Núñez, quien apuntó que tanto uno como otro "han pedido que se envíe todo el informe a la sección de enjuiciamiento".
Informó de que el Ministerio Fiscal "distingue entre supuestos de alcance, responsabilidades distintas de alcance y posibles responsabilidades penales de cuyos hechos se ha pedido testimonio para trasladarlo a la instancia correspondiente". Y añadió: "Consta, por la información recibida de la sesión de enjuiciamiento, que se ha abierto el correspondiente procedimiento de responsabilidad contable".
E indicó que el servicio jurídico del Estado ha solicitado el envío del caso a la sesión de enjuiciamiento "a fin de depurar la responsabilidad contable que pudiera derivarse de los hechos descritos en el informe", esto es, deficiencias en la gestión recaudatoria, irregularidades en la contratación por Empuser, fiscalización a conformidad por parte de la Intervención Municipal y la incorrecta liquidación del Impuesto de Construcciones y Obras, entre otros.
IRREGULARIDADES DE CONTRATACION
En su intervención, señaló que la gestión municipal "se caracterizó por la falta de planificación de los gastos que hubieran requerido la celebración de contrato y por deficiencias en su control". Así, indicó que en esos años se realizaron gastos por 3 millones de euros "sin haberse tramitado el correspondiente expediente de contratación", como fue en el caso de los servicios de limpieza de las instalaciones municipales, sin contrato desde 1999, y que costaron a la hacienda local 1,3 millones de euros.
Además, cuestionó la creación de la empresa municipal Empuser en 2005, que a su entender "no estuvo motivada". Es más, a su juicio, esta sociedad "supuso, de hecho, la externalización de parte de la contratación administrativa del Ayuntamientos, sobre todo en materias atribuidas al Servicio Municipal de obras". Indicó que el coste para el Ayuntamiento de las prestaciones realizadas por esta empresa "incrementaron en un 20 por ciento el coste directo de los contratos".
De este modo, en relación con la ejecución del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio, aprobado en agosto de 1996, destacó el "grado de modificación del planeamiento", que supuso un incremento de un 24 por ciento de la superficie de actuación respecto a la prevista. Señaló también que el órgano fiscalizador ha detectado además "un exceso de edificabilidad del 2 por ciento sobre la prevista en el proyecto de reparcelación".
CONTROL URBANISTICO NULO
Y prosiguió: "El control y la actividad inspectora y disciplinaria en materia de urbanismo fueron prácticamente nulos durante los ejercicios 2004 y 2005, no habiéndose impuesto sanción alguna por comisión de infracciones urbanísticas durante dicho periodo". Indicó además que los ingresos procedentes de forma directa del urbanismo ascendieron en esos años a "12,6 millones de euros", de los que 5 millones se encontraban pendientes de contabilización y de cobro, a 31 de diciembre de 2005".
A este respecto, el presidente del órgano fiscalizador informó de que el Ayuntamiento de Cuenca "no tenía constituido el Patrimonio Municipal del Suelo", de modo que "no se dispuso de un instrumento adecuado de seguimiento y control de los ingresos obtenidos como consecuencia de la enajenación de terrenos y de la sustitución por su equivalente en metálico de la cesión relativa al 10 por ciento del aprovechamiento tipo".
Núñez apuntó además que la fiscalización de la gestión urbanística del Ayuntamiento de Cuenca, se han visto condicionados por la falta de "documentación justificativa", señalando que, por ejemplo, "no se dispuso de una copia del Convenio Urbanístico o de estudios que permitieran verificar si el cálculo de los aprovechamientos tipo se ajustaba a los precios del mercado".
SIN PRESUPUESTO, UN FOCO DE IRREGULARIDADES
El presidente del Tribunal de Cuentas puso de manifiesto también la "falta de definición y competencias asignadas a cada puesto de trabajo" de los existentes en el Ayuntamiento. En relación con las condiciones laborales del personal, destacó que las retribuciones a los funcionarios "inflingen la normativa aplicable y dieron lugar a pagos indebidos por importe de 1,2 millones de euros en el periodo fiscalizado".
Aunque, para Núñez, lo "espectacular" es que el Consistorio funcionara con el Presupuesto prorrogado de 1998 desde el año siguiente hasta 2006, lo que a su juicio constituye "un foco de irregularidades" al generarse créditos por valor de 23,9 millones de euros en 2004 y 28,6 millones en 2005 "sin respaldo legal". Recordando además que durante esos años "el pleno no pudo participar en su función de aprobar los presupuestos".
Afirmó así que las deficiencias en la gestión de ingresos tributarios llevo a la acumulación de derechos de cobro a 31 de diciembre de 2005 por valor de 4 millones de euros, "que por su antigüedad podrían encontrarse prescritos". "Así, en el ejercicio 2004 solamente se pasaron a recaudación ejecutiva el 5 por ciento de los valores que deberían haberse apremiado y en el ejercicio 2005, el
3 por ciento", apuntó el presidente del órgano fiscalizador.
Advirtió que la Intervención municipal "no ejerció las funciones que la normativa le atribuía". "Los principios presupuestarios y contables aplicables, cuyo incumplimiento fue generalizado, originó que la contabilidad no fuera un instrumento válido y eficaz para la toma de decisiones por los responsables municipales", apuntó Núñez.
De esta forma, el Tribunal de Cuentas señala que el ayuntamiento presentaba una situación de "insolvencia financiera a corto plazo", estableciéndose durante el periodo fiscalizado "únicamente medidas puntuales que no respondieron a un plan de saneamiento".
ESCANDALOSO
El diputado del PP Agustín Conde manifestó su total "antipatía" hacia quienes hacen de la gestión municipal un "pozo de corrupción" y pidió que los autores de dichas "irregularidades severas" en el Ayuntamiento de Cuenca "asuman su responsabilidad". "Es escandaloso crear empresas públicas para eludir la normativa de contratación", apuntó Conde, para quien no hay duda de que "más de uno se ha enriquecido" de forma irregular.
Por su parte, el diputado del PSOE Luis Carlos Sahuquillo criticó las "opiniones" que a su entender ha vertido el órgano fiscalizador en el informe del Ayuntamiento de Cuenca, que a su juicio "no presenta el rigor técnico de otras ocasiones". Para Sahuquillo, "con carácter general se han hecho las cosas bien" y pidió al Tribunal que recabe información antes de dar este tipo de conclusiones porque el entonces alcalde "huyó del trato a favor y la arbitrariedad en materia de urbanismo".
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