LA OPINIÓN.- Pedro Pacheco: El que fuera Presidente del Partido Andalucista (PA) y alcalde de Jerez de la Frontera; sobre las décadas de finales de los setenta y principios de los ochenta, acuñó la frase siguiente: “La Justicia en España es un cachondeo”. Se irritaron “las altas togas y puñetas” y... le abrieron proceso, el que quedó en nada pues tuvieron que absolverlo. Esta frase se ha repetido ya millones de veces cuando esto escribo. Varios años después, no solo se ha demostrado que la justicia es un cachondeo, sino, también, una feria; y, para muestra, varios botones: en España, se permite que un gobierno autonómico, como el de Cataluña, motivara el procesar a una juez por pedir que se cumpla la ley, es decir, que los documentos estén en español y catalán.
Esta mañana, sin ir más lejos, el ministro de Justicia, Fernández Bermejo, ha protagonizado con sus declaraciones un episodio más en este baile de recusaciones de jueces del Tribunal Supremo, que se viene produciendo desde hace unos meses, por parte de unos y de otros, de Pp y Psoe en su intento de controlar el máximo órgano encargado de velar por los derechos del pueblo soberano. Si hay más jueces afines a unos que a otros, parece ser que sale o no adelante un estatuto, el catalán, que a todas luces está bajo sospecha de inconstitucionalidad.
Bermejo, aseguró hoy que el PP ha recibido un "varapalo" por parte del Tribunal Constitucional al fallar su intento de recusación a tres magistrados y acusarle este tribunal de "falta de respeto", y le pidió que aproveche pra volver "a la normalidad democrática", que los ciudadanos "deben tomar nota" del mensaje" que el Constitucional ha mandado al PP, calificando de fraude todo lo que ha hecho". Desde su punto de vista, este partido, tras su intento fallido de recusación, "recibe un importante varapalo por parte del tribunal", y "es muy bueno que los ciudadanos tomen nota para que sepan quién está despreciando y faltando el respeto a las instituciones"; y por todo ello, el titular de Justicia pidió al PP que "vuelva a la normalidad democrática, que se dé cuenta de la necesidad de renovar las instituciones en plazo, y que deje de ofender a los magistrados y a las instituciones"
Hoy también, en el acto protocolario de la puesta de la primera piedra del futuro Palacio de Justicia de Cuenca, que; por cierto llega con bastantes años de retraso, la subdirectora general de Patrimonio y Obras del Ministerio, Marta García Nart, ha dicho que “con estas instalaciones se trata de realizar una judicatura más cómoda y que refleje la eficiencia de la justicia”, y que se ha querido dar protagonismo al cristal, como símbolo de la transparencia que debe caracterizar la justicia. Pero no se trata tanto de encontrar símbolos para aparentar lo que se tiene la obligación de ser; y el sistema judicial debe ser sobre todo eso, transparente, porque lo cierto es que muchos españoles no confían en él.
Algunos pretenden que todo el derecho sea procesal; que el civil, el penal, etc, mueran en el procedimiento para servirse del mismo como una mera herramienta, porque es lento y esto para la imagen pública siempre es la garantía del descrédito, con independencia de cuál sea finalmente el veredicto. Y es que en España muchas veces se prejuzga desde fuera ante la lentitud del mecanismo, que así se convierte pernicioso para quien debería tener su amparo.
No se puede perder de vista la importancia del procedimiento, las maneras que son esenciales para un buen funcionamiento del fondo. La democracia tiene mucho de procedimiento, pero cuando éste se impone al contenido podemos avanzar por sendas procelosas de relativismo, con el riesgo de desnaturalización del derecho y la justicia, que deja de ser equitativa y genera iniquidad, e indefensión a la sociedad en su conjunto.
¿Cómo es posible que en los juzgados de Marbella existieran más de seiscientas denuncias, mientras que los delincuentes camparon a sus anchas durante muchos años, hasta que llegó otro juez instructor y se decidió a activar el engranaje del proceso? ¿Qué pasó en los juzgados entre tanto? ¿Acaso alguien se puede creer que no hay decenas de tramas de corrupción institucional y urbanística en otras tantas localidades, que en este momento corren la misma suerte que en Marbella con anterioridad a la intervención del juez instructor del caso Malaya, Miguel Angel Torres?
El debilitamiento de la confianza en la justicia, la sospecha de parcialidad o incompetencia, puede convertirse en una debilidad y en un serio obstáculo al crecimiento. Un estado, una sociedad, con justicia renqueante y sospechosa, es candidato a abonar un futuro tan incierto como poco fecundo; porque el derecho es el principal de sus pilares. La justicia española merece más atención, más dedicación y más prestigio y, por qué no, se debe someter también a la voluntad popular. Por ellos mismos; por los abogados, los fiscales, los jueces y; sobre todo, por la ciudadanía que, al fin y al cabo, es la única legitimada para ejercer la soberanía.
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