El Tiempo en Cuenca

martes, 10 de noviembre de 2009

Al apoyarse en el informe de la interventora defendiendo a Cenzano, el Psoe pretende que creamos que a las ovejas no las mató el lobo, se suicidaron


LA OPINIÓN.- En el comunicado de prensa emitido ayer por el Psoe provincial, los socialistas conquenses, una vez más, en defensa del que fuera su líder y anterior alcalde de Cuenca, se respaldan, como ya hiciera el propio Cenzano el pasado 6 de julio, en un informe de la interventora del Consistorio, para defender la gestión llevada a cabo en el Ayuntamiento conquense en la anterior Legislatura que, como ya sabemos, ha sido objeto de fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas, en la que se cometieron graves irregularidades durante los ejercicios 2004 y 2005, que son las anualidades investigadas, y que según informa este organismo, es un compendio de prácticas opacas, sospechosas o abiertamente ilegales en todos los ámbitos de la gestión municipal.

Según describía en su edición de ayer el Diario ABC, en una noticia en la que acusaba a la Fiscal Jefe de Cuenca de obstaculizar la investigación, y que ha motivado esta reacción del Psoe de Cuenca, la práctica irregular iba “desde la contratación de personal, la constitución de empresas beneficiarias por parte de políticos y funcionarios, las subvenciones, los concursos públicos y el manejo de los créditos al meollo de la corrupción en los consistorios: el urbanismo y las recalificaciones de terrenos. En el caso de Cuenca «aparece» un 24 por ciento de superficie de suelo urbanizable que no estaba previsto en el plan original correspondiente”.

Lo que hace ahora el Psoe, como ya hizo Cenzano el día 6 de julio, apoyándose en el informe de la interventora del Ayuntamiento de Cuenca, es como haber tenido al lobo al cuidado del rebaño y pensar que las ovejas están muertas porque se han suicidado.

Cenzano dijo que el informe que presentó el Consistorio conquense, en respuesta al informe del Tribunal de Cuentas que reflejó irregularidades en torno a la gestión municipal de Cuenca en 2004 y 2005, matiza esas irregularidades; y ahora el Psoe se apoya en el mismo para decir que no las hubo, pero la realidad más evidente es que el Tribunal de Cuentas, que es el que posee una neutralidad más evidente, no ha variado un ápice su postura sobre la existencia de esas importantísimas irregularidades, después de que se presentara la de la intervención del Ayuntamiento.

En lo que sí estamos de acuerdo de lo relatado por el Psoe, es que el Ayuntamiento, con los votos del Pp, aprobó en el Pleno Municipal el mencionado informe de la intervención; de hecho hasta que ha saltado de nuevo a los medios nacionales este escándalo, poco se ha dicho, y menos se ha hecho, por parte de los populares conquenses. En el Cronista Independiente de Cuenca, el mismo día 6 de julio, en un artículo titulado “Cenzano se defiende de su investigación por parte de la Fiscalía, con un informe del Ayuntamiento hecho por quien el Tribunal pone en tela de juicio”, ya comentábamos que “poco, o nada, se sabe de la investigación que está llevando la fiscalía desde que el pasado 25 de febrero el presidente del Tribunal de Cuentas, en su comparecencia en el Parlamento anunciara que de oficio, el propio Tribunal había puesto en conocimiento del Ministerio Fiscal y del servicio jurídico del Estado las posibles irregularidades detectadas en el Ayuntamiento de Cuenca en los años 2004 y 2005.”

“Tanto el secretario general, como la interventora, como la tesorera matizan bastante el alcance de las cuestiones", es lo que expresó el defensor del Pueblo de Castilla la Mancha, pero ninguno de los periodistas presentes le preguntó que si la labor de estas personas a las que se refirió, está tan cuestionada por el informe del Tribunal de Cuentas como su propia gestión, porque la única respuesta que se ajusta a la verdad a esa pregunta, hubiera sido que sí.

No es serio que se pretenda desviar la atención sobre la verdadera cuestión de fondo, es decir, lo que expresa el Tribunal de Cuentas, que es un Organismo neutral dentro de nuestro sistema de derecho, para velar por la legalidad de la gestión económica que realizan las administraciones públicas, y la investigación que deberían estar llevando a cabo los servicios jurídicos y la fiscalía -aunque ABC nos informa que no porque se encuentra retenido en un cajón-, con lo que se desprende de lo que dice un informe que ha elaborado en su integridad quien está en este momento en tela de juicio.






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