Ruipérez, la exfiscal jefe de Cuenca, archivó las diligencias contra Cenzano porque dice que no vio encaje penal en las irregularidades cometidas

LA OPINIÓN.- Cuando el Tribunal de Cuentas del Estado, que es el máximo organismo fiscalizador de las cuentas de las administraciones públicas y que, como es natural, cuenta con sus propios servicios jurídicos, entre ellos una fiscalía, emitió un informe sobre las graves irregularidades cometidas en el Ayuntamiento de Cuenca en el periodo revisado -años 2004, 2005- y, a través de su presidente, anunció que había remitido a la fiscalía el expediente para que se investigara la posible comisión de diversos delitos, no creíamos que de lo que se trataba es de si las irregularidades tenían algún tipo de cuadratura dentro de lo tipificado en el Código Penal, lo cual lo dábamos por sobreentendido dada la competencia que se le supone al Tribunal de Cuentas, sino de iniciarse un proceso de investigación que llegara hasta el fondo de la cuestión, de cara a exclarecer los hechos y quiénes habían intervenido en la comisión de los mismos.

Lo que está claro y que no pasaba por nuestra imaginación, y en eso parece que nos hemos equivocado, es que se trataba únicamente de mandar deberes a la fiscal de Cuenca para que se repasara los libros de derecho y la legislación vigente para ver si existe, o no, un encaje jurisdiccional para tipificar, o no, todas esas gravísimas irregularidades como delito, o al menos ella parece ser que lo interpretó así.

La fiscal no niega que las irregularidades se hayan producido y que archivó la causa sin practicar ninguna diligencia, porque consideró que "era suficiente lo que había recabado el Tribunal de Cuentas y el testimonio que solicitó a la Fiscalía de este órgano". No entendemos como algo que ha creado alarma en la sociedad conquense puede pasar por el Palacio de Justicia de Cuenca sin que ni siquiera se practique una sola diligencia, mientras están los juzgados congestionados e impidiéndose el ejercicio correcto de la judicatura por el atasco que produce la admisión a trámite y la práctica de diligencias de montones de tonterías, incluso muchas de ellas en denuncias falsas que bloquean el sistema judicial por la ligereza y facilidad con la que se cuelan en las salas de juicio para su vista oral.

Pero no es motivo de investigación y práctica de diligencias, sin embargo, lo reflejado en el informe que remitió el Tribunal de Cuentas a la fiscalía de Cuenca. Ni, por ejemplo, el dinero que se recibe de la constructora e inmobiliaria DAVECON, 3 millones de euros para pagar una parte de los costes del Bosque de Acero de Moneo, y los 4 millones 200 mil euros más que le presta la misma empresa como consecuencia de un convenio para recalificar un espacio que figura en el actual Plan General de Urbanismo, como zona verde y dotacional, además de afectar a unos terrenos que se encuentran en la rivera del río Júcar, y que ofrecen dudas sobre su inundabilidad.

Ocho años sin aprobar unos presupuestos, y por tanto nosotros sí que creemos que incumpliendo la Ley, sin ser sostenible el déficit anual y el endeudamiento a largo plazo.

Mantener en una situación de privilegio a una serie de señores; como a unos políticos privilegiados –Equipo de Gobierno, concejales liberados, y múltiples cargos nombrados a dedo con sueldos todos desproporcionadamente elevados-; algunos funcionarios favorecidos por su aquiescencia y cercanía al Partido gobernante, que doblaban y a veces casi triplicaban sus sueldos mediante pagas extraordinarias que se les otorgaba por decreto, a sabiendas de que de esta forma se vicia el sistema, que impide la oferta de empleo público adecuada y multiplica de manera improductiva los gastos; las concesiones y adjudicaciones de obras y servicios a determinados empresarios también privilegiados, con ejecución de ello sin respetarse los proyectos, sin supervisión municipal, lo que motivaba replanteamientos al alza del dinero presupuestado.

En definitiva, con el incumplimiento de lo establecido por la Ley al no elaborar Presupuestos, creemos que Martínez Cenzano y su Equipo de Gobierno Municipal, ocultaban lo que es un cúmulo de desatinos e irregularidades que hacían presagiar lo que evidencia el informe del Tribunal de Cuentas; y que supusieron una gran pérdida de ingresos y un disparatado incremento en los gastos. Estaba en boca de casi todo el mundo, los altísimos niveles de morosidad a los que llevó el Sr. Martínez Cenzano al Ayuntamiento, el despotismo en su forma de gobernar, y la manera solapada de disfrazar el déficit a base de convenios urbanísticos más que cuestionables con algunos constructores.

En urbanismo, en la etapa de Cenzano no había control ni en los convenios, muchos de los cuales ahora los asume Pulido, seguramente mal asesorado por el concejal de Urbanismo, Pedro Vallejo, por cuestiones ya comentadas en otros artículos, ni en las recalificaciones y modificaciones del Plan General, no había actividad inspectora, es decir, todo estaba permitido para beneficio exclusivo de algunos. No pedían los informes correspondientes a la Comisión Regional de Urbanismo; pero eso no requiere la práctica de diligencia alguna por los estamentos judiciales porque no se ha encontrado cabida alguna dentro de los delitos que se tipifican en el Código Penal.

Con la gestión de Cenzano se perdió patrimonio importantísimo que formaba parte del paisaje arquitectónico de la ciudad de Cuenca, para beneficio de algunos constructores; y el último ejemplo es la calle Calderón de la Barca, donde edificios representativos del siglo XIX, han dejado de existir y están siendo sustituidos por otros de mucha más altura, y con un aspecto horrendo, mucho más feos que los que se hacen hoy en día en los pueblos costeros. También acabó con la imagen y la paisajística de la Plaza Mayor, la Plaza del Carmen, la bajada de “Las Angustias”; y perforó la muralla antigua, destruyendo varios paños de la misma, para hacer un aparcamiento que ni siquiera atenúa los problemas de tráfico en la Parte Alta; y dejando como testigo del desaguisado, ese boquete que hiere de forma permanente la calle Alfonso VIII en la plaza de Los Oblatos.

Después de dos legislaturas de pactos, y chanchullos, permitiendo que ciertos empresarios se favorezcieran por su condición de funcionarios en el Ayuntamiento. La promiscuidad para trasformar terrenos verdes y dotacionales, en terrenos edificables. La jugada con DAVECON, en las Huertas de la Alameda y el Club Serranía, para conseguir dinero que solape su mala gestión, e incluirlo en los presupuestos del Ayuntamiento. Los pactos con el Sr. Cordente para sacar la Estación del AVE fuera de la ciudad; utilizando un informe que le es favorable para ello, pero que contiene contradicciones con los datos oficiales, y que además está elaborado por un empresario interesado en vender pisos cerca de “La Estrella”; y escondiendo otro que dictaminaba la viabilidad de ubicar La Estación en el Centro.

No deben ser investigadas, según la fiscalía, las empresas relacionadas con algunos de los funcionarios privilegiados por la gestión del Equipo de Gobierno bajo el mandato de Cenzano, que eran creadas para ser adjudicatararias de obras y servicios municipales y de las que el Tribunal de Cuentas ofrece una relación.

Con las sentencias por parte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Cuenca, y del Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha, anulando varias convocatorias de oposiciones para personal fijo del Ayuntamiento; que afectan a más de 100 trabajadores que se ven con unos nombramientos invalidados, y por tanto volverán a ser interinos, vemos ratificada nuestra postura de que el alcalde anterior, Martínez Cenzano, y su equipo de Gobierno, hacían y deshacían lo que les venía en gana dentro del Consistorio para promover ciertos favoritismos que luego se convertían en un servicio clientelar hacia sus propios intereses.

Pero todo eso no debe ser objeto de la práctica de diligencias, porque la ex-fiscal jefe de Cuenca no encontró su encaje dentro de lo tipificado en el Código Penal.

Según las declaraciones que ha hecho hoy la que fuera fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Cuenca, María del Carmen Ruipérez, durante la comida de despedida por su prejubilación voluntaria, las múltiples irregularidades cometidas en la etapa de Martínez Cenzano al frente de la Alcaldía de Cuenca, y que fueron detectadas y denunciadas por el Tribunal de Cuentas del Estado, no son constitutivas de delito porque no tiene ninguna de ellas encaje en el Código Penal, y esto lo explica en un informe que emitió el pasado mes de julio y envió a la fiscalía del Tribunal de Cuentas, al fiscal de Medio Ambiente y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJC-M), cuyo titular la ha acompañado en este acto y mientras hacía estas declaraciones.

Lo que nos parece sumamente llamativo de todo lo anterior es, si se decretó el archivo en el mes de julio, que nada se supiera de ello y por tanto los medios afines lo anunciaran en portada a bombo y platillos, como a buen seguro sucederá mañana mismo.

José Martínez, el fiscal jefe de Castilla la Mancha, después de subrayar que la decisión de Ruipérez "podrá ser compartida o no, podrá ser aceptada o no" y calificar de "injustas y contrarias a la verdad" las informaciones que apuntaban que "el asunto ha permanecido encerrado en un cajón durante tantos meses y que ante la jubilación de Ruipérez, la fiscal dejase la Fiscalía de Cuenca sin resolverlo", ha recordado que la decisión de la Fiscalía "en absoluto cierra la posibilidad a una investigación de los hechos" y, por lo tanto, que "si alguna persona decide presentar una denuncia ante un órgano judicial de la provincia de Cuenca, este órgano deberá investigarla", palabras que a nuestro criterio nos resultan sumamente chocantes, pues podrían ser interpretadas como un reto a la socidad en general y en particular a cualquier ciudadano libre y valiente, que piense que esas irregularidades que denuncia el Tribunal de Cuentas pueden ser delitos; eso sí, que prepare una buena catidad de dinero para una fianza por si las moscas y ya sabe, a los juzgados a denunciar.