EDITORIAL.- La crisis energética, con la subida de los precios del petróleo, está poniendo a nuestro país en una situación mucho más delicada que la que padecen la mayoría de países de la Unión Europea.
Estaba claro que la falta de previsión de este Gobierno, como en gran parte del anterior, con una política en exceso despreocupada por la mayor dependencia de España con respecto al petróleo que muchas de las naciones europeas, tarde o temprano tenía que traernos malas consecuencias.
España es uno de los países donde existe menor producción de energía eléctrica a través de centrales nucleares; es conveniente, evidentemente, que se desarrolle un programa de energías alternativas, como la eólica o la solar, pero está claro que tanto en cuanto éstas se encuentran aún en un estado insuficiente de desarrollo, tanto a nivel tecnológico, como cuantitativo con respecto de todos los elementos necesarios, la política de desmantelamiento de centrales nucleares que han practicado los gobiernos ante la presión de los movimientos ecologistas, ahora se demuestra precipitada.
Por otra parte, el abandono del Ferrocarril, y la falta de inversiones para adecuar la red existente y crear nuevas vías acordes a las nuevas demandas, ha hecho que todos los sectores se vean necesariamente vinculados en exceso al transporte por carretera. Está claro que los primeros gastos necesarios para la creación de un sistema de ferrocarriles adecuado, así como la modernización y el mantenimiento del ya existente, es elevado; pero sin embargo, es uno de los más rentables a medio y largo plazo de cuantos se hacen en infraestructuras.
No se puede culpar exclusivamente de la subida de los precios al elevado coste del petróleo, para explicar la mayor crisis que está atravesando España, pues mientras aquí el índice de Precios al Consumo está ya en torno al 5%, la media de la Unión Europea está aproximadamente a la mitad, y una de las repercusiones más directas de esta carestía incontrolada es, sin ninguna duda, el desempleo, y de ahí los riesgos sobre el sistema que garantiza las prestaciones sociales. Se desequilibra la balanza de los ingresos respecto a los gastos, y aparece el déficit, con lo que el Estado deja de crecer y recurre de nuevo a los créditos que nos llevan al aumento de la carga impositiva y a la temida deuda. Debemos recordar que en los años 80 la deuda llegó a superar el 22% del PIB, lo que motivó el recorte de algunas de las prestaciones -subsidio por desempleo, algunos medicamentos, entre otras- que llegaron incluso a hacer temer a medio plazo por las pensiones.
España ha pasado en tan solo unos meses de ser el mayor generador de empleo, a crear paro. La economía española, que hace poco parecía boyante, se basa en gran medida en un sector que realmente no es productivo, en concreto en torno al 24% del Producto Interior Bruto, del que la mayor parte ha estado acaparado por la construcción de viviendas que, en estos últimos años, se vio impulsado de una forma desmedida por la bajada del precio del dinero, sin que ninguno de los gobiernos establecieran ninguna solución para frenar los excesos inflacionistas de un sector que no se resigna a practicar las leyes del mercado, interviniendo permanentemente sobre las mismas mediante la especulación sobre el suelo, y especulando una vez más sobre la oferta y la demanda.
Ahora, la subida del euribor, y por tanto la enorme carga de las hipotecas, demuestra no solamente la vulnerabilidad del mercado de la vivienda, sino también ha puesto al descubierto la gran burbuja económica fruto de la enorme estafa inmobiliaria.
Estos días los españoles estamos sufriendo con alarma las consecuencias de una política de bajas miras, en la que los sucesivos gobiernos, y sobre todo el actual, se habían acomodado a una situación de pujanza, sin prever ninguna adversidad, por otra parte lógica, ni a medio ni a largo plazo.
El Gobierno tiene que ver de una vez por todas, que las mejores medidas para frenar las crisis son sin duda las que se adoptan antes de padecerlas, pues la intervención directa, una vez que aparece, además de ser difícil de aplicar, porque conlleva elementos de impopularidad, suele ser poco efectiva y, se debe entender que estas medidas pasan a la fuerza por invertir en infraestructuras para la obtención de energía menos dependiente del petróleo, y por supuesto en vías de comunicación como el Ferrocarril. El gobierno tiene que utilizar los recursos del Estado para frenar la inflación, y éstos no siempre son económicos. Por ejemplo, la agilización de la Justicia y la aplicación estricta de las leyes para impedir las ilegalidades que se producen en los precios, donde la competencia ilegítima es uno de los mayores motores para el alza.
Ahora los transportistas exigen al Gobierno que se establezca una tarifa mínima para garantizarse un beneficio que no le llega por la subida de los carburantes, y que no se pueda dar una competencia desleal por parte de quien abarata el servicio por debajo de los costes que padecen ellos, pero eso sería desmantelar el sistema de libre mercado. El Gobierno, pienso, que lo que debe hacer es garantizar que funcionan las herramientas del Estado e impedir cualquier clase de especulación, pero eso nos lleva necesariamente a intervenir en un sistema judicial caduco y, por tanto, poco operativo para prevenir la ilegalidad, y a legislar mejor sobre el funcionamiento del mercado.
Tampoco se puede entender que el reajuste que supuso la entrada de España en el Mercado Común Europeo, se derivara casi exclusivamente hacia la política de subvenciones, y no fundamentalmente a inversiones para la transformación de las industrias de los diferentes sectores, sobre todo del primario, que a penas se han reciclado, para que las actividades sean realmente competitivas. Ningún gobierno ha sido capaz, por ejemplo, de sacar adelante un plan hidrológico que solucione definitivamente las necesidades y descompensaciones que existen con el reparto del agua.
En la segunda mitad de la década de los 80, y parte de los 90, el Gobierno de Felipe González intentaba solapar la crisis, y la elevada tasa de desempleo, mediente los diferentes planes de infraestructuras, que afectaron a la modernización de la red de carreteras del Estado, construyéndose las autovías de 1ª generación, y la primera línea de Alta Velocidad. Entonces reaccionamos demasiado tarde, y nos quedamos descolgados.
Pero de todo ello los conquenses debemos sacar la lectura adecuada y, por supuesto, barrer también hacia casa. A buen seguro que si el Gobierno de España hubiera empleado los 200 millones de euros que preveían los Presupuestos del Estado del año 2000 para la modernización y adecuación del Ferrocarril Convencional, el tráfico de mercancías no se hubiera visto interrumpido de manera tan brusca por la huelga, y muchos de los sectores en el eje entre el primer y tercer mercado del País no estarían ahora paralizados. Y Cuenca está ahí en medio.
Por eso mismo, no se puede entender que los dirigentes sigan embelesados en la misma política de antes y se empeñen, torticeramente, en mantener sus planes a contracorriente de lo que ya se ve a todas luces que es lo conveniente. Ayer se reunió el presidente de Castilla la Mancha, José María Barreda, con la ministra de Fomento, y no solamente se acordó poco sobre las autovías que llevan décadas anunciadas, pues no llegó más allá de una declaración de intenciones con respecto a la finalización del tramo de la A-40 entre Cuenca y Tarancón, eso sí, una vez más sin fijar una fecha para su puesta en servicio, y absolutamente nada con respecto a la Cuenca-Teruel, sino además fuertes inversiones para los trenes de Cercanías de Toledo y Guadalajara, pero torpemente para la Línea de Ferrocarril Madrid Valencia por Cuenca, ni mencionarla; no les preocupa el tráfico de mercancías. Absolutamente nada.
No podemos olvidar aquellas declaraciones de Máximo Díaz Cano, para salir al paso de la no inclusón de partida alguna en los PGE del 2005, en las que declaraba el 7 de octubre de 2004, “el tren convencional de Cuenca aparecerá reflejado en un documento que firmarán a lo largo de este mes el presidente regional, José María Barreda, y la ministra de Fomento Magdalena Álvarez”. Era mentira.
Estaba claro que la falta de previsión de este Gobierno, como en gran parte del anterior, con una política en exceso despreocupada por la mayor dependencia de España con respecto al petróleo que muchas de las naciones europeas, tarde o temprano tenía que traernos malas consecuencias.
España es uno de los países donde existe menor producción de energía eléctrica a través de centrales nucleares; es conveniente, evidentemente, que se desarrolle un programa de energías alternativas, como la eólica o la solar, pero está claro que tanto en cuanto éstas se encuentran aún en un estado insuficiente de desarrollo, tanto a nivel tecnológico, como cuantitativo con respecto de todos los elementos necesarios, la política de desmantelamiento de centrales nucleares que han practicado los gobiernos ante la presión de los movimientos ecologistas, ahora se demuestra precipitada.
Por otra parte, el abandono del Ferrocarril, y la falta de inversiones para adecuar la red existente y crear nuevas vías acordes a las nuevas demandas, ha hecho que todos los sectores se vean necesariamente vinculados en exceso al transporte por carretera. Está claro que los primeros gastos necesarios para la creación de un sistema de ferrocarriles adecuado, así como la modernización y el mantenimiento del ya existente, es elevado; pero sin embargo, es uno de los más rentables a medio y largo plazo de cuantos se hacen en infraestructuras.
No se puede culpar exclusivamente de la subida de los precios al elevado coste del petróleo, para explicar la mayor crisis que está atravesando España, pues mientras aquí el índice de Precios al Consumo está ya en torno al 5%, la media de la Unión Europea está aproximadamente a la mitad, y una de las repercusiones más directas de esta carestía incontrolada es, sin ninguna duda, el desempleo, y de ahí los riesgos sobre el sistema que garantiza las prestaciones sociales. Se desequilibra la balanza de los ingresos respecto a los gastos, y aparece el déficit, con lo que el Estado deja de crecer y recurre de nuevo a los créditos que nos llevan al aumento de la carga impositiva y a la temida deuda. Debemos recordar que en los años 80 la deuda llegó a superar el 22% del PIB, lo que motivó el recorte de algunas de las prestaciones -subsidio por desempleo, algunos medicamentos, entre otras- que llegaron incluso a hacer temer a medio plazo por las pensiones.
España ha pasado en tan solo unos meses de ser el mayor generador de empleo, a crear paro. La economía española, que hace poco parecía boyante, se basa en gran medida en un sector que realmente no es productivo, en concreto en torno al 24% del Producto Interior Bruto, del que la mayor parte ha estado acaparado por la construcción de viviendas que, en estos últimos años, se vio impulsado de una forma desmedida por la bajada del precio del dinero, sin que ninguno de los gobiernos establecieran ninguna solución para frenar los excesos inflacionistas de un sector que no se resigna a practicar las leyes del mercado, interviniendo permanentemente sobre las mismas mediante la especulación sobre el suelo, y especulando una vez más sobre la oferta y la demanda.
Ahora, la subida del euribor, y por tanto la enorme carga de las hipotecas, demuestra no solamente la vulnerabilidad del mercado de la vivienda, sino también ha puesto al descubierto la gran burbuja económica fruto de la enorme estafa inmobiliaria.
Estos días los españoles estamos sufriendo con alarma las consecuencias de una política de bajas miras, en la que los sucesivos gobiernos, y sobre todo el actual, se habían acomodado a una situación de pujanza, sin prever ninguna adversidad, por otra parte lógica, ni a medio ni a largo plazo.
El Gobierno tiene que ver de una vez por todas, que las mejores medidas para frenar las crisis son sin duda las que se adoptan antes de padecerlas, pues la intervención directa, una vez que aparece, además de ser difícil de aplicar, porque conlleva elementos de impopularidad, suele ser poco efectiva y, se debe entender que estas medidas pasan a la fuerza por invertir en infraestructuras para la obtención de energía menos dependiente del petróleo, y por supuesto en vías de comunicación como el Ferrocarril. El gobierno tiene que utilizar los recursos del Estado para frenar la inflación, y éstos no siempre son económicos. Por ejemplo, la agilización de la Justicia y la aplicación estricta de las leyes para impedir las ilegalidades que se producen en los precios, donde la competencia ilegítima es uno de los mayores motores para el alza.
Ahora los transportistas exigen al Gobierno que se establezca una tarifa mínima para garantizarse un beneficio que no le llega por la subida de los carburantes, y que no se pueda dar una competencia desleal por parte de quien abarata el servicio por debajo de los costes que padecen ellos, pero eso sería desmantelar el sistema de libre mercado. El Gobierno, pienso, que lo que debe hacer es garantizar que funcionan las herramientas del Estado e impedir cualquier clase de especulación, pero eso nos lleva necesariamente a intervenir en un sistema judicial caduco y, por tanto, poco operativo para prevenir la ilegalidad, y a legislar mejor sobre el funcionamiento del mercado.
Tampoco se puede entender que el reajuste que supuso la entrada de España en el Mercado Común Europeo, se derivara casi exclusivamente hacia la política de subvenciones, y no fundamentalmente a inversiones para la transformación de las industrias de los diferentes sectores, sobre todo del primario, que a penas se han reciclado, para que las actividades sean realmente competitivas. Ningún gobierno ha sido capaz, por ejemplo, de sacar adelante un plan hidrológico que solucione definitivamente las necesidades y descompensaciones que existen con el reparto del agua.
En la segunda mitad de la década de los 80, y parte de los 90, el Gobierno de Felipe González intentaba solapar la crisis, y la elevada tasa de desempleo, mediente los diferentes planes de infraestructuras, que afectaron a la modernización de la red de carreteras del Estado, construyéndose las autovías de 1ª generación, y la primera línea de Alta Velocidad. Entonces reaccionamos demasiado tarde, y nos quedamos descolgados.
Pero de todo ello los conquenses debemos sacar la lectura adecuada y, por supuesto, barrer también hacia casa. A buen seguro que si el Gobierno de España hubiera empleado los 200 millones de euros que preveían los Presupuestos del Estado del año 2000 para la modernización y adecuación del Ferrocarril Convencional, el tráfico de mercancías no se hubiera visto interrumpido de manera tan brusca por la huelga, y muchos de los sectores en el eje entre el primer y tercer mercado del País no estarían ahora paralizados. Y Cuenca está ahí en medio.
Por eso mismo, no se puede entender que los dirigentes sigan embelesados en la misma política de antes y se empeñen, torticeramente, en mantener sus planes a contracorriente de lo que ya se ve a todas luces que es lo conveniente. Ayer se reunió el presidente de Castilla la Mancha, José María Barreda, con la ministra de Fomento, y no solamente se acordó poco sobre las autovías que llevan décadas anunciadas, pues no llegó más allá de una declaración de intenciones con respecto a la finalización del tramo de la A-40 entre Cuenca y Tarancón, eso sí, una vez más sin fijar una fecha para su puesta en servicio, y absolutamente nada con respecto a la Cuenca-Teruel, sino además fuertes inversiones para los trenes de Cercanías de Toledo y Guadalajara, pero torpemente para la Línea de Ferrocarril Madrid Valencia por Cuenca, ni mencionarla; no les preocupa el tráfico de mercancías. Absolutamente nada.
No podemos olvidar aquellas declaraciones de Máximo Díaz Cano, para salir al paso de la no inclusón de partida alguna en los PGE del 2005, en las que declaraba el 7 de octubre de 2004, “el tren convencional de Cuenca aparecerá reflejado en un documento que firmarán a lo largo de este mes el presidente regional, José María Barreda, y la ministra de Fomento Magdalena Álvarez”. Era mentira.
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