El Tiempo en Cuenca

viernes, 22 de agosto de 2008

En la zona de la Alameda y el Serranía, la seguridad de los conquenses no se puede negociar; sino que se debe garantizar



LA OPINIÓN.- No entendemos muy bien las declaraciones que hizo ayer el alcalde a los medios de comunicación, al hacer referencia a los motivos del retraso que están teniendo las obras del “Bosque de Acero y Cristal” en el recinto ferial, y decir que «los trámites administrativos son los que son, las circunstancias son como son y este año hemos tenido el problema de un informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar que obligó a paralizar la obra y a negociar con ella una adaptación del proyecto», porque de ellas se desprende una duda seria y razonable, sobre si realmente se van a dar las condiciones para evitar cualquier riesgo en caso de riada.

La seguridad de las personas de ninguna forma puede ser objeto de negociación, sino que se debe tener la convicción absoluta de que está garantizada, y palabras como las manifestadas ayer por Pulido, lo único que crean es incertidumbre, y en cierta medida también una sensación de desamparo. Si existe alguna clase de vacilación sobre si este proyecto debe seguir adelante allí, lo más conveniente sería buscar otro lugar, por más que se dejara atrás una cantidad de dinero tirado, lo que sin duda sería una opción mejor que las consecuencias de una inundación por no haber tomado la decisión adecuada al haberse encontrado con una situación de hecho, heredada del anterior Equipo de Gobierno Municipal, y no echarla hacia atrás por ese motivo.

En todo este asunto, debemos recordar que el pasado mes de febrero la Confederación Hidrográfica del Júcar emitía el informe al que se refería ayer el Alcalde, con respecto al lugar donde se está levantando “El Bosque de Acero y Cristal” en el que se expresaba con rotundidad de la siguiente manera: “De acuerdo con el informe del Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico, esta Confederación Hidrográfica del Júcar ha resuelto denegar lo solicitado, dado que, de acuerdo con los estudios obrantes en este Organismo, la zona donde se pretenden desarrollar las obras solicitadas se encuentra claramente dentro del área de inundación de la avenida en periodo de retorno de 100 años, y por lo tanto interfiriendo en el régimen de corrientes y con riesgo de que se puedan producir graves daños sobre las personas y los bienes”

No comprendemos, por tanto, qué es lo que ha debido ocurrir, aunque lo sospechamos, para que ahora exista un nuevo informe por parte de la misma entidad, que autoriza, según el concejal de Urbanismo, Pedro Vallejo, a llevar a cabo las obras sin ningún tipo de modificación ni medidas de defensa contra una posible avenida de aguas; lo mismo que nos crea incertidumbre la negociación a la que aludió ayer Pulido.

Dijo Vallejo, que en el nuevo informe no se contempla riesgo de inundación en 100 años y que por eso no se contemplan soluciones contra una riada; lo que a todas luces es contradictorio con el anterior informe, en el que se establecía según indicó el propio presidente de la Confederación, Juan José Moragues, en declaraciones a los medios el 19 de febrero, que “la zona tiene un período de recurrencia de 25 años, es decir que se inunda con esa frecuencia”.

Sería una irresponsabilidad de consecuencias imprevisibles, por parte de todas las autoridades y administraciones implicadas, que se hubiera resuelto esta cuestión así, por simples planteamientos políticos, o por una mera intención de mantener, en la medida de lo posible, la dignidad de la imagen del anterior alcalde en este proceso, e incluso por salvar el convenio con DAVECON, si de esa forma se está menospreciando el riesgo y el peligro “de que se puedan producir graves daños sobre las personas y los bienes” que señala el primer informe.

El consejero de Medio Ambiente y secretario del Psoe en Cuenca, José Luis Martínez Guijarro, declaraba hace unas semanas que han sido muchas las reuniones entre altos responsables de la Junta de Comunidades y de la Diputación Provincial de Cuenca, con participación de los presidentes de ambas administraciones, José María Barreda y Juan Ávila; y esto, si es cierto que no se contemplan medidas de prevención, supone una contradicción tan flagrante dentro de la Confederación, que puede inducir a sospechar que el cambio, más que a planteamientos científicos, se debe a presiones políticas, lo que sería una imprudencia temeraria.

Recordemos que el 17 de enero de 2007, se protocolizó el acto de colocación de la primera piedra, que presidió Barreda; con lo que por parte del Gobierno Autónomo, se daba un respaldo a Cenzano para una operación urbanística más que cuestionable; y eso no podemos obviarlo para entender la preocupación de Barreda por sacar adelante este proyecto en ese lugar, a pesar de que contaba con la denegación de la Confederación Hidrográfica por estar en terreno susceptible de inundabilidad y de riesgo para las personas y los bienes, según la literalidad de lo expresado en el primer informe.

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