LA OPINIÓN.- Es difícil entender que el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Cuenca, por boca de su viceportavoz, Inmaculada Cruz, diga que es ilegal la convocatoria de una Consulta Pública Popular en la que se decida la ubicación de la Estación del AVE, porque con esa afirmación, se está negando la legalidad del Acuerdo de 8 de enero de 2001, por el que el Estado, según se refleja en el punto 2º, delega competencias para la decisión de la ubicación de la Estación de Cuenca a nuestro Ayuntamiento.
El alcalde de Cuenca, está en su legítimo derecho de someter a acuerdo del Pleno la solicitud de la autorización para consultar a los conquenses sobre una cuestión que está sin resolver, y que le delegó el Estado mediante el mencionado acuerdo. Ni se tomó decisión alguna en la entidad oficial que se constituyó para ello, en virtud del acuerdo de 8 de enero de 2001, ni en el Pleno Municipal, ni en ninguna otra entidad; y eso lo demostramos con documentos. Algo que reconoció, además de Pulido, y el delegado de la Junta en Cuenca en la reunión que mantuvimos, el subdelegado del Gobierno y el presidente de la Diputación en varios documentos.
Dice la señora Cruz, que “la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen Local establece que “los alcaldes, previo acuerdo por mayoría absoluta del pleno y autorización del Gobierno de la Nación, podrán someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local, que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos, con excepción de los relativos a la Hacienda Local”, lo que es cierto; y que el artículo 149 de la Constitución establece que es el Estado quien tiene las competencias exclusivas en materia de ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una comunidad autónoma, como es el caso del AVE Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia, que también es verdad. Pero se calla, sin embargo, que el punto 2º del Acuerdo que firmó el Gobierno de España, a través del representante de su órgano competente, que es el ministro de Fomento, por aquel entonces Álvarez Cascos, establece “.. que la localización de las estaciones del Tren de Alta Velocidad en Toledo, Cuenca, Albacete, Alicante, ... se fijará de común acuerdo entre el Ministerio de Fomento, las Comunidades Autónomas y los respectivos Ayuntamientos”; y esto es Ley.
Si la viceportavoz del Grupo Municipal Socialista no está de acuerdo en la cuestión competencial que se fija con el Acuerdo de Murcia que, por cierto, firmó Bono como presidente de Castilla la Mancha, lo que debe hacer es demandarlo ante los tribunales; y si no, simplemente acatarlo y mostrar lealtad.
Lo que es una auténtica ilegalidad, además de inmoral, es lo que se pretendía, que era colar por la puerta de atrás, por la oficiosa, por la de las mentiras, algo que será vital para el desarrollo futuro de Cuenca y la oportunidad de muchas generaciones de conquenses; intentar por la vía de los hechos, a base de falsedades, que en lugar de una Estación en la ciudad, se fuera a tener un apeadero en el quinto pino. Lo absolutamente ilegal, hubiera sido basar un acuerdo en un documento cargado de falsedades que se demuestran con la cartografía oficial, con la intención de tergiversar la realidad para dar apariencia de imposible, a lo que se está haciendo en decenas de ciudades que tendrán su estación dentro.
Y eso doña Inmaculada Cruz y el Grupo Municipal Socialista lo sabe; no ahora, sino cada vez que alguno de sus representantes ha mentido públicamente sin pudor para intentar manipular y engañar a los conquenses con acuerdos inexistentes y con informes falsos. Ya nadie discute que no era por impedimentos técnicos, ni por acuerdos en la Comisión de Seguimiento, ni tan siquiera en la oficiosa Mesa del Pacto por Cuenca, porque los datos, los papeles y certificados demuestran lo contrario; y tenían que sacarse otra cosa, era necesario de nuevo inventar algo; ya no hacía falta el inexistente acuerdo tan cacareado, porque el Ayuntamiento no tiene competencias en la materia; vaya hombre, ¿y para eso hubiera sido necesario falsear y mentir tanto?
Es irrisorio que diga la viceportavoz socialista, que hubiera hecho falta un fedatario que hubiese estado presente cada vez que alguien firmaba, porque la Ley exige que se debe estar empadronado y con derecho a voto en el Municipio de Cuenca. Pero vamos a ver, ¿no nos dice antes que la convocatoria sería ilegal por una cuestión competencial? ¿Si lo creyera de verdad así, qué más le daría lo otro? Además, eso ya se expresa en la cabecera de cada uno de los impresos-intancia que se han firmado con los datos de los firmantes; ¿cuántas iniciativas legislativas populares se han tramitado, alguna ya incluso Ley importante en España, sin presencia de fedatarios ni fotocopias de DNI?
En fin, que una vez revelada la farsa, ya no saben qué decir ni por dónde salir en algo que está sin resolver, porque querían hacerlo en contra de la inmensa mayoría de ciudadanos. Se ha descubierto ya definitivamente la verdad, y eso es algo que a algunos de los herederos de Cenzano les cuesta admitir.
El alcalde de Cuenca, está en su legítimo derecho de someter a acuerdo del Pleno la solicitud de la autorización para consultar a los conquenses sobre una cuestión que está sin resolver, y que le delegó el Estado mediante el mencionado acuerdo. Ni se tomó decisión alguna en la entidad oficial que se constituyó para ello, en virtud del acuerdo de 8 de enero de 2001, ni en el Pleno Municipal, ni en ninguna otra entidad; y eso lo demostramos con documentos. Algo que reconoció, además de Pulido, y el delegado de la Junta en Cuenca en la reunión que mantuvimos, el subdelegado del Gobierno y el presidente de la Diputación en varios documentos.
Dice la señora Cruz, que “la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen Local establece que “los alcaldes, previo acuerdo por mayoría absoluta del pleno y autorización del Gobierno de la Nación, podrán someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local, que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos, con excepción de los relativos a la Hacienda Local”, lo que es cierto; y que el artículo 149 de la Constitución establece que es el Estado quien tiene las competencias exclusivas en materia de ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una comunidad autónoma, como es el caso del AVE Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia, que también es verdad. Pero se calla, sin embargo, que el punto 2º del Acuerdo que firmó el Gobierno de España, a través del representante de su órgano competente, que es el ministro de Fomento, por aquel entonces Álvarez Cascos, establece “.. que la localización de las estaciones del Tren de Alta Velocidad en Toledo, Cuenca, Albacete, Alicante, ... se fijará de común acuerdo entre el Ministerio de Fomento, las Comunidades Autónomas y los respectivos Ayuntamientos”; y esto es Ley.
Si la viceportavoz del Grupo Municipal Socialista no está de acuerdo en la cuestión competencial que se fija con el Acuerdo de Murcia que, por cierto, firmó Bono como presidente de Castilla la Mancha, lo que debe hacer es demandarlo ante los tribunales; y si no, simplemente acatarlo y mostrar lealtad.
Lo que es una auténtica ilegalidad, además de inmoral, es lo que se pretendía, que era colar por la puerta de atrás, por la oficiosa, por la de las mentiras, algo que será vital para el desarrollo futuro de Cuenca y la oportunidad de muchas generaciones de conquenses; intentar por la vía de los hechos, a base de falsedades, que en lugar de una Estación en la ciudad, se fuera a tener un apeadero en el quinto pino. Lo absolutamente ilegal, hubiera sido basar un acuerdo en un documento cargado de falsedades que se demuestran con la cartografía oficial, con la intención de tergiversar la realidad para dar apariencia de imposible, a lo que se está haciendo en decenas de ciudades que tendrán su estación dentro.
Y eso doña Inmaculada Cruz y el Grupo Municipal Socialista lo sabe; no ahora, sino cada vez que alguno de sus representantes ha mentido públicamente sin pudor para intentar manipular y engañar a los conquenses con acuerdos inexistentes y con informes falsos. Ya nadie discute que no era por impedimentos técnicos, ni por acuerdos en la Comisión de Seguimiento, ni tan siquiera en la oficiosa Mesa del Pacto por Cuenca, porque los datos, los papeles y certificados demuestran lo contrario; y tenían que sacarse otra cosa, era necesario de nuevo inventar algo; ya no hacía falta el inexistente acuerdo tan cacareado, porque el Ayuntamiento no tiene competencias en la materia; vaya hombre, ¿y para eso hubiera sido necesario falsear y mentir tanto?
Es irrisorio que diga la viceportavoz socialista, que hubiera hecho falta un fedatario que hubiese estado presente cada vez que alguien firmaba, porque la Ley exige que se debe estar empadronado y con derecho a voto en el Municipio de Cuenca. Pero vamos a ver, ¿no nos dice antes que la convocatoria sería ilegal por una cuestión competencial? ¿Si lo creyera de verdad así, qué más le daría lo otro? Además, eso ya se expresa en la cabecera de cada uno de los impresos-intancia que se han firmado con los datos de los firmantes; ¿cuántas iniciativas legislativas populares se han tramitado, alguna ya incluso Ley importante en España, sin presencia de fedatarios ni fotocopias de DNI?
En fin, que una vez revelada la farsa, ya no saben qué decir ni por dónde salir en algo que está sin resolver, porque querían hacerlo en contra de la inmensa mayoría de ciudadanos. Se ha descubierto ya definitivamente la verdad, y eso es algo que a algunos de los herederos de Cenzano les cuesta admitir.
2 comentarios:
¿no se tomo el acuerdo con el Ayuntamiento?
pero si fueron Cordente y Cenzano de la manita con su corte de lameculos y firmaron en Madrid
¿o no?
Sr. Collada felicitaciones una vez mas los ha puesto usted donde merecen, en el lado de la mentira y el engaño. Estos políticos son una una verdadera desgracia para Cuenca.
Por cierto Sra viceportavoz somos muchos los conquenses que estamos informados y conocemos la legislación. ¿le parece mejor que se decida en cualquier mesa como en esa que decían ustedes y que ha resultado ser que no?, o que se decida de cualquier manera en defensa de intereses inconfesables y en perjuicio de los ciudadanos? Por favor Sra.¿Qué y a quién defiende?
A mí sólo me importa la legalidad y los ciudadanos, por tanto no me confunda Sra. como ciudanan@ estoy escandalizad@ de lo que está pasando en Cuenca.
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