LA OPINIÓN.- Debe ser el Consejo de Ministros, y no la Comunidad Europea como ha llegado a proponer el PSOE de Cuenca, quien decida que se ejecute el tramo de la A-40 que une las ciudades de Cuenca y Teruel, y que ha sido descartado por el Ministerio de Fomento con la excusa del informe negativo sobre la declaración de impacto ambiental.
Según el Reglamento de Ejecución de la Declaración de Impacto Ambiental, RDL 1302/1986 de 28 de junio, el artículo 20, que trata sobre la resolución de discrepancias, establece que en caso de discrepancia entre el órgano con competencia sustantiva y el órgano administrativo de medio ambiente respecto de la conveniencia de ejecutar el proyecto o sobre el contenido del condicionado de la Declaración de Impacto, resolverá el Consejo de Ministros, o el órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente, según la administración que haya tramitado el expediente.
Precisamente fue el Consejo de Ministros el que, haciendo uso de las competencias que le confiere la legislación, desbloqueó la situación que se creó como consecuencia de la declaración negativa de impacto ambiental que recibió la A-6 (Autopista de Ávila). Por este motivo no debemos equivocarnos de diana, y lanzar los dardos sobre el presidente del mismo, José Luís Rodríguez Zapatero, que en este momento es el primer responsable de resolver una cuestión que debería estar ya solventada desde hace muchos años.
Así, en el BOE del Lunes 19 abril 1999, se publica la RESOLUCIÓN de 12 de abril de 1999, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes, por la que se ordena la publicación del apartado 1 del Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de marzo de 1999 sobre la declaración de impacto ambiental referente al estudio informativo de la autopista Ávila-A-VI.
El Consejo de Ministros, con fecha 12 de marzo de 1999 y a propuesta del Ministro de Fomento, adoptó un Acuerdo sobre la declaración de impacto ambiental referente al estudio informativo de la autopista Ávila (A-VI). En el apartado 2 de su parte dispositiva se ordena la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del apartado anterior de ese mismo Acuerdo.
En su virtud y en cumplimiento del mandato contenido en el citado Acuerdo del Consejo de Ministros, se resuelve:
Según el Reglamento de Ejecución de la Declaración de Impacto Ambiental, RDL 1302/1986 de 28 de junio, el artículo 20, que trata sobre la resolución de discrepancias, establece que en caso de discrepancia entre el órgano con competencia sustantiva y el órgano administrativo de medio ambiente respecto de la conveniencia de ejecutar el proyecto o sobre el contenido del condicionado de la Declaración de Impacto, resolverá el Consejo de Ministros, o el órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente, según la administración que haya tramitado el expediente.
Precisamente fue el Consejo de Ministros el que, haciendo uso de las competencias que le confiere la legislación, desbloqueó la situación que se creó como consecuencia de la declaración negativa de impacto ambiental que recibió la A-6 (Autopista de Ávila). Por este motivo no debemos equivocarnos de diana, y lanzar los dardos sobre el presidente del mismo, José Luís Rodríguez Zapatero, que en este momento es el primer responsable de resolver una cuestión que debería estar ya solventada desde hace muchos años.
Así, en el BOE del Lunes 19 abril 1999, se publica la RESOLUCIÓN de 12 de abril de 1999, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes, por la que se ordena la publicación del apartado 1 del Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de marzo de 1999 sobre la declaración de impacto ambiental referente al estudio informativo de la autopista Ávila-A-VI.
El Consejo de Ministros, con fecha 12 de marzo de 1999 y a propuesta del Ministro de Fomento, adoptó un Acuerdo sobre la declaración de impacto ambiental referente al estudio informativo de la autopista Ávila (A-VI). En el apartado 2 de su parte dispositiva se ordena la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del apartado anterior de ese mismo Acuerdo.
En su virtud y en cumplimiento del mandato contenido en el citado Acuerdo del Consejo de Ministros, se resuelve:
Ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del apartado 1 de la parte dispositiva del Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de marzo de 1999, sobre la declaración de impacto ambiental referente al estudio informativo de la autopista Ávila-A-VI, cuyo tenor literal es el siguiente:
1. Se declara como alternativa ambientalmente viable la denominada alternativa número 2 (sur), definida en el estudio informativo de la autopista de peaje Ávila-A-VI, aprobado provisionalmente con fecha 28 de septiembre de 1998, por Resolución de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento y sometido a información pública mediante anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 2 de octubre de 1998.
El presente Acuerdo es plenamente compatible con la declaración de la viabilidad ambiental de la denominada alternativa número 1 contenida en dicho estudio informativo y no prejuzga la elección final del trazado de la autopista.»
Madrid, 12 de abril de 1999.—El Secretario de Estado, Albert Vilalta González.
Para ello, en lugar de manifiestos que lo único que hacen es crear confusión, como el redactado por la Junta de Comunidades, que abre un amplísimo abanico de posibilidades, algunas de ellas muy negativas para las aspiraciones de Cuenca con respecto a esta infraestructura, lo que se debería hacer es crear una comisión formada por las máximas autoridades de las capitales y provincias de Cuenca y Teruel, así como de ambas comunidades autónomas, para reunirse con el propio Rodríguez Zapatero de cara a encomendarle que haga uso de sus atribuciones como Presidente del Gobierno de España, y cumpla con las obligaciones que se desprenden del Plan Estratégico de Infraestructuras de Transportes –PEIT-, que fue aprobado por el propio Consejo de Ministros, y que incluye esta infraestructura que ahora se pretende abortar.
1. Se declara como alternativa ambientalmente viable la denominada alternativa número 2 (sur), definida en el estudio informativo de la autopista de peaje Ávila-A-VI, aprobado provisionalmente con fecha 28 de septiembre de 1998, por Resolución de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento y sometido a información pública mediante anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 2 de octubre de 1998.
El presente Acuerdo es plenamente compatible con la declaración de la viabilidad ambiental de la denominada alternativa número 1 contenida en dicho estudio informativo y no prejuzga la elección final del trazado de la autopista.»
Madrid, 12 de abril de 1999.—El Secretario de Estado, Albert Vilalta González.
Para ello, en lugar de manifiestos que lo único que hacen es crear confusión, como el redactado por la Junta de Comunidades, que abre un amplísimo abanico de posibilidades, algunas de ellas muy negativas para las aspiraciones de Cuenca con respecto a esta infraestructura, lo que se debería hacer es crear una comisión formada por las máximas autoridades de las capitales y provincias de Cuenca y Teruel, así como de ambas comunidades autónomas, para reunirse con el propio Rodríguez Zapatero de cara a encomendarle que haga uso de sus atribuciones como Presidente del Gobierno de España, y cumpla con las obligaciones que se desprenden del Plan Estratégico de Infraestructuras de Transportes –PEIT-, que fue aprobado por el propio Consejo de Ministros, y que incluye esta infraestructura que ahora se pretende abortar.
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